La Construcción Comunitaria como Alternativa al Estado: Análisis de un proyecto Libertario en Colombia

Resumen

En el contexto de la infraestructura comunitaria en Colombia, este artículo examina un proyecto financiado por fondos privados que buscó empoderar a una comunidad para pavimentar sus calles sin intervención estatal. Con base en los principios del liberalismo clásico y autores como Adam Smith, John Locke, Gustave de Molinari e Isaiah Berlin, se analiza el impacto de esta iniciativa en la percepción y capacidad organizativa de los participantes. Se logró pavimentar más de 6,560 pies, beneficiando a 800 familias, y generando un cambio significativo en la opinión sobre el rol del Estado y la iniciativa privada.

Introducción

 

A lo largo de más de dos mil años, la historia de la humanidad ha sido marcada por dos elementos fundamentales: las ideas y las acciones. Según Karl Popper, este recorrido carece de un sentido intrínseco en la historia, pero es innegable que las ideas han sido el motor para recrear y construir el mundo tal como lo conocemos, definiendo lo que consideramos justo, verdadero, ético y moralmente aceptable.

 

Sin embargo, cuando las leyes contradicen las costumbres, la ética o lo que socialmente se percibe como normal, las sociedades suelen resistirse. Los individuos, como legisladores naturales, tienden a desobedecer, ignorar o incluso derogar de facto estas normas, siempre y cuando se les motive. Un claro ejemplo de ello se dio durante las cuarentenas globales de 2020, donde la imposición de restricciones generó tensiones y resistencia social. De manera similar, en Colombia, se intentó implementar una norma que sancionaba a quienes comieran en las calles. Aunque esta ley no fue oficialmente eliminada, su desproporcionalidad provocó que dejara de aplicarse y cayera en el olvido, demostrando cómo el consenso social puede anular la fuerza de las leyes que carecen de legitimidad.

 

Digamos que esa tendencia es completamente natural en la democracia, la tensión entre la democracia y las libertades individuales siempre existirá, quizá por eso se demande “el peso de la eterna vigilancia”. El Estado, junto con sus representantes —burócratas y políticos—, suele ser el principal beneficiado del sistema que administra. En muchos países en vías de desarrollo, como los de América Latina y ciertas regiones de Asia, esta dinámica se vuelve aún más evidente, ya que en ocasiones el Estado y sus representantes se convierten prácticamente en los únicos beneficiarios.

 

Esto ocurre porque generalmente las estructuras estatales, en lugar de trabajar en favor del orden social, tienden a perpetuar prácticas que concentran recursos, poder e influencia en manos de una élite política y administrativa. Mientras tanto, gran parte de la población enfrenta barreras que limitan su acceso a oportunidades dentro de un hipotético mercado libre, generando estancamientos en la superación de la pobreza.

 

En Colombia, la eficiencia regulatoria según el Index of Economic Freedom 2024, la variable Government Integrity pasó de 58.7 en 2023 a 38.1 en 2024[1], lo que sugiere un deterioro significativo en la percepción de la transparencia y ética gubernamental. Este descenso está relacionado con un aumento en casos de corrupción y falta de rendición de cuentas. El fiel reflejo de esta variable es el gigantesco déficit de infraestructura.  Existen zonas de Colombia donde una ambulancia no puede entrar por falta de carreteras (referencia a testimonio de zona 4 del proyecto Free Way).

El análisis del origen de la riqueza y su estrecha relación con el sistema político y los índices de libertad de los ciudadanos permite llegar a una conclusión fundamental: el desarrollo económico no puede entenderse sin considerar los factores políticos y sociales que lo sustentan. Aunque este estudio se basa en las ideas del padre del liberalismo, Adam Smith, también busca ir más allá al identificar elementos concretos que favorecen la creación de riqueza. Factores que para países como Estados Unidos o Europa pueden resultar evidentes, pero que en contextos como el de Colombia aún son objeto de debate. Por ejemplo, mientras Smith afirmaba que “las buenas carreteras, canales y ríos navegables colocan a las zonas más distantes a la par con los alrededores de las ciudades”[1] —lo que las convierte en mejoras esenciales para el desarrollo—, en Colombia aún se discute si la infraestructura es una prioridad. El liberalismo, más allá de proporcionar principios políticos para construir una sociedad justa, también ofrece una perspectiva práctica que adapta elementos específicos al contexto del desarrollo de una nación. Este estudio, por tanto, se enfoca en analizar cómo integrar correctamente las ideas de la libertad en escenarios adversos, recreando una alternativa libertaria que fomente valores como la responsabilidad y la acción voluntaria.

 

Desde Colibre, una pregunta recurrente en la divulgación de las ideas de la libertad fue tomada como punto de partida: “Sin Estado, ¿quién haría las carreteras?”. Tras evaluar variables como la viabilidad económica, la cohesión social, la dependencia histórica del Estado y la corrupción creciente en los gobiernos de izquierda en Colombia y América Latina, se llegó a una respuesta clara: la sociedad civil.

Imagen 2, 3 y 4.

Este enfoque no solo desafía las narrativas tradicionales que asignan al Estado un rol monopólico en el desarrollo, sino que también demuestra cómo la acción colectiva, fundamentada en la libertad y el compromiso voluntario, puede ofrecer soluciones sostenibles y efectivas frente a las limitaciones del sistema estatal.

 

Marco Teórico

 

El liberalismo clásico ha sido una fuente de inspiración para las teorías y prácticas que defienden la libertad individual, la propiedad privada y la limitación del poder estatal. Este marco ideológico, desarrollado a partir de los trabajos de pensadores como Adam Smith, John Locke e Isaiah Berlin, ha evolucionado para adaptarse a los desafíos contemporáneos. Sus principios básicos encuentran resonancia en iniciativas prácticas que buscan demostrar la capacidad de las comunidades para organizarse y prosperar sin depender de la intervención gubernamental.

Deirdre McCloskey, en su defensa del "innovismo", redefine el concepto de capitalismo para enfocarse en la capacidad creativa e innovadora de los individuos. Según McCloskey, el crecimiento y el bienestar no provienen de la acumulación de capital, sino de la libertad de las personas para experimentar, fallar y triunfar[1]. En su obra, destaca cómo las sociedades que limitan el poder estatal y fomentan la autonomía individual logran niveles superiores de desarrollo económico y social. Este enfoque refuerza la importancia de confiar en la iniciativa privada como motor de progreso, desafiando la dependencia excesiva de los recursos y mecanismos estatales.

Por su parte, Gustave de Molinari, un economista belga del siglo XIX, argumentó que los servicios tradicionalmente monopolizados por el Estado, como la seguridad y la justicia, podrían ser provistos de manera más eficiente por actores privados en un mercado libre. Molinari consideraba que la competencia voluntaria entre proveedores generaría resultados superiores a los logrados por instituciones estatales[2]. Su visión radical sugiere que incluso los aspectos más fundamentales de la organización social pueden ser administrados fuera del control estatal, un concepto que aún hoy inspira debates sobre el alcance de la desregulación.

Isaiah Berlin aporta una dimensión filosófica crucial al marco teórico, distinguiendo entre libertad negativa y libertad positiva[3]. Berlin sostiene que la verdadera libertad radica en la ausencia de coerciones externas, permitiendo a los individuos tomar decisiones de manera autónoma. Esta interpretación subraya la necesidad de proteger a las personas de las imposiciones estatales, permitiéndoles actuar según sus propios intereses y valores. En contextos como el del proyecto comunitario analizado, esta libertad negativa se manifiesta en la capacidad de los ciudadanos para organizarse y actuar sin la intervención directa del gobierno.

Murray Rothbard, uno de los principales defensores del anarcocapitalismo, complementa este debate al criticar la agresión inherente al sistema estatal. Rothbard sostiene que el Estado, al imponer impuestos y regulaciones, viola los derechos individuales fundamentales[4]. Proclama que una sociedad verdaderamente libre debe basarse en relaciones voluntarias y en la protección intransigente de la propiedad privada[5]. Su filosofía provee un argumento contundente para quienes buscan demostrar que las soluciones comunitarias y privadas no solo son viables, sino preferibles en muchos casos.

Estos principios teóricos han sido puestos a prueba en iniciativas como la pavimentación comunitaria financiada con recursos privados en Colombia. Este proyecto no solo resolvió un problema de infraestructura, sino que también transformó las percepciones de los participantes sobre la capacidad de la comunidad para autogestionarse y la necesidad de depender del Estado. Las encuestas realizadas antes y después del proyecto reflejan un cambio significativo: mientras que inicialmente el 74.2% consideraba que el gobierno debía ser el principal responsable de la infraestructura, esta cifra cayó al 5.4% tras la intervención. Simultáneamente, la proporción de quienes veían a la comunidad como el actor principal creció del 2.3% al 75.8%.

El impacto de esta experiencia también se observa en la percepción de la capacidad organizativa. Antes del proyecto, el 65% calificaba esta capacidad como "baja" o "muy baja". Después, el 82% de los encuestados consideró a la comunidad como "capaz" o "muy capaz" de resolver problemas sin intervención estatal. Este cambio respalda las teorías de McCloskey sobre el poder de la innovación y las de Molinari sobre la eficiencia del mercado libre, mientras que refuerza la relevancia de la libertad negativa descrita por Berlin.

La intersección entre teoría y práctica en este caso ilustra cómo los principios del liberalismo clásico pueden guiar soluciones efectivas a problemas locales[6]. Al liberar a las comunidades de la dependencia estatal, se fomenta no solo la resolución inmediata de necesidades prácticas, sino también una transformación cultural hacia la autonomía y la responsabilidad colectiva. Estos resultados subrayan la pertinencia contemporánea de un marco teórico que valora la libertad individual como pilar fundamental del progreso humano.

 

 

 

Metodología

 

El proyecto se llevó a cabo entre el 12 de enero de 2023 y el 18 de octubre de 2024. Participaron 800 familias que contribuyeron con mano de obra para pavimentar sus calles. Posteriormente, se capacitó a los participantes en principios de iniciativa privada y liberalismo clásico. Para evaluar el impacto, se realizaron encuestas antes y después de la intervención, con una muestra de 260 encuestados, representando un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ± 5%.